¿Otra vez a pagar tenencia?

En Michoacán

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Insensibles a la realidad social, los gobernantes suelen recurrir a la aplicación de mayor cantidad de multas, sanciones e impuestos en perjuicio de los mexicanos que cotidianamente enfrentan condiciones negativas derivadas de actos de corrupción, sostén de una burocracia improductiva, excesos en el gasto público, aplicación de políticas erróneas en materia económica y manutención , por así llamarle, de una nueva casta de funcionarios recomendados -asesores y secretarios técnicos, entre otros- que para lo único que sirven es para cobrar sueldos que ofenden a las mayorías empobrecidas y endeudadas.

Ese es el caso de un estado como Michoacán que desde hace al menos 12 años ha enfrentado corrupción, saqueos multimillonarios y problemas graves sin que autoridad alguna intervenga en serio para castigar a los responsables, recuperar los desfalcos y rectificar el rumbo.

Carentes de responsabilidad social, los especialistas del Gobierno de Michoacán coincidieron en que la mejor fórmula para solventar parte de los enormes compromisos heredados por administraciones anteriores y deudas añejas con proveedores, es la reactivación del impuesto a la tenencia vehicular, medida antipopular y absurda que durante décadas implementaron administraciones corruptas y demagogas en México, siempre perjudicando la economía familiar y respaldados, no podían faltar, por legisladores aplaudidores, improductivos e ineficientes que generalmente no han hecho algo positivo por la nación y sí, en cambio, han representado una carga millonaria para la sociedad y un lastre nacional en muchos de los casos.

Resulta que ahora, como el marido borracho y desobligado que tras despilfarrar el dinero y acabar con el patrimonio familiar, jura portarse bien y pretende que su esposa e hijos descuiden sus actividades y proyectos de vida para que le ayuden a pagar las deudas que irresponsablemente contrajo durante sus francachelas, el Poder Ejecutivo de Michoacán confía en que los otros, los diputados locales, cuyo desempeño ha sido extremadamente pobre, aprueben su esperanzadora propuesta.

Se trata de una medida emergente y carente de imaginación y sensibilidad que afectará a todos los habitantes de Michoacán, ya que si bien es cierto que uno de los argumentos oficiales sobre el tema ha sido que no perjudicará a las mayorías porque solamente pagarán impuesto los propietarios de vehículos con hasta 10 años de antigüedad, hay que recordarles a los funcionarios y políticos que un amplio porcentaje de personas  hacen el esfuerzo para adquirir automóviles nuevos en las agencias. Es golpe a la economía de las familias, aunque lo nieguen. Si tuvieran apertura sobre el tema, habría que invitarlos a arrastrar el lápiz, como dicen algunos, y hacer cuentas, de modo que resultaría factible diseñar e implementar fórmulas diferentes.

Y mientras unos y otros esperan los resultados de un encuentro en el que indudablemente habrá quienes se desgarren las vestiduras para finalmente levantar la mano, como acontece en los recintos legislativos del país transformados muchas veces en carpas, la economía de Michoacán es una de las más desastrosas de la República Mexicana, al grado de que cada vez se registran mayores índices de desempleo y personas endeudadas, a pesar de lo que indiquen las estadísticas oficiales. Basta con descubrir en las principales ciudades michoacanas el alarmante número de locales en renta y hasta la cantidad de terrenos y casas en venta. No hay dinero entre las clases baja y media.

La economía de Michoacán no está paralizada, sino en franco proceso de desmoronamiento, situación grave si se toman en cuenta los posibles escenarios sociales y en materia de seguridad que pueden desencadenarse si continuamos en el mismo sentido.

Hay un empobrecimiento preocupante versus los niveles de ingresos que percibe esa nueva casta de asesores, secretarios técnicos y funcionarios, cuyas plazas se crearon para favorecer a personas recomendadas por la clase política que hoy pretende dar otro golpe a la economía popular. Es fácil identificarlos en las dependencias y detectar de inmediato su ineptitud y prepotencia en funciones que se duplican y no tienen sentido, pero sí dañan las finanzas públicas que provienen de los impuestos que cada día paga la sociedad con mayor esfuerzo.

Más que seguir dañando a la población con impuestos totalmente injustificables e irracionales, las autoridades y los políticos michoacanos deben limpiar la casa, sanear las finanzas públicas, y habría que recordarles que se podrían ahorrar más millones de pesos suprimiendo las innumerables plazas referidas y los gastos superfluos, que sacrificar una vez más a las familias que habitan el estado.

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