Michoacanos en poder de los transportistas

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Antiguamente, cuando las calles eran de terracería, los arrieros y carretoneros irrumpían con gritos e improperios contra las bestias de carga que salpicaban de lodo a los infortunados que encontraban a su paso, hombres y mujeres que prácticamente resultaban embestidos por los animales agotados, sucios y maltratados.
Los hombres llegaban de otros rumbos, de pueblos y rincones lejanos, con sus carretones de madera y recuas de mulas cargadas de mercancía, ansiosos de concluir su trabajo para reunirse en las cantinas o regresar presurosos por mayor cantidad de cargamento.
Eran, los de entonces, individuos burdos como los que en la actualidad miramos cotidianamente en las avenidas y calles de las ciudades, conduciendo camionetas y camiones dedicados al transporte público, al traslado urbano de pasajeros, con conductas similares a las de sus antecesores, frecuentemente sin respeto a la vida e integridad física de la gente.
Heredera de un lastre provocado, en parte, por políticas paternalistas en la década de los 80 y posteriormente por actos de corrupción y manipulación de autoridades y líderes, en entidades de México como es el caso de Michoacán, la sociedad es agredida por amplio número de choferes del transporte público que en su afán de ganar mayor cantidad de pasajeros, conducen sin precaución y violan todas las reglas de tránsito.
Morelia y otras ciudades michoacanas son presas, por así calificarlo, de los choferes del transporte público, específicamente de los mal llamados “combistas” porque las Combis de la Volkswagen ya están descontinuadas, de manera que conducen sin respeto a los pasajeros, realizan ascensos y descensos en lugares no autorizados, rebasan sin precaución, embisten a automovilistas y transeúntes, agreden e insultan a quienes se les atraviesan y cometen toda clase de excesos ante la complacencia de los policías que prefieren detener y esquilmar, por no decir extorsionar, a otro perfil de automovilistas.
Son ellos, los concesionarios y choferes del servicio de transporte público, quienes pretenden que las autoridades estatales les autoricen un incremento de un peso 50 centavos por pasaje, cuando actualmente es de siete pesos lo mismo si el pasajero es desplazado una cuadra de distancia que toda la ruta.
Entre sus principales argumentos para pedir que les autoricen la tarifa, destacan los incrementos con efectos inflacionarios que durante el año pasado registraron los precios de la gasolina y el aumento de las refacciones; sin embargo, olvidan, como siempre, a los usuarios, a la gente que carece de automóvil o que por necesidad aborda el transporte público.
Hay que recordar que el reciente aumento al salario mínimo fue de 2.81 y 2.68 pesos diarios para las zonas “A” y “B”, respectivamente, lo que significa que si el incremento fue inferior al 2.5 por ciento, los transportistas de Michoacán desean que las autoridades estatales les concedan poco más del 21 por ciento en el ajuste de sus tarifas. El salario mínimo para la zona “A” se estableció en 70.10 pesos, mientras para la “B”, a la que pertenece Michoacán, se fijó en 66.45 pesos. De autorizarse la tarifa a 8.50 pesos, lo cual resultaría ilógico, cada familia michoacana que gana el salario mínimo dispondría de dinero para abordar un máximo de ocho unidades diarias de transporte colectivo. No hay proporción.
Es cierto, las autoridades federales, en su empecinamiento de mantener durante el año pasado el aumento mensual a los precios de la gasolina y el diesel -fórmula perfecta de recaudación-, provocaron el encarecimiento de los bienes y servicios en el país, efecto que no solamente pagaron caro los transportistas de pasajeros, sino todas las familias mexicanas, principalmente las que menos recursos económicos tienen y las que perciben salarios fijos. El problema económico no solamente es de los concesionarios y choferes del transporte público; también lo es para millones de mexicanos que deben solventar otros gastos como canasta básica, gas, consumo de agua y electricidad, traslado a sus escuelas y empleos, ropa, vivienda y salud, por citar algunos.
Chantajistas como son, aseguran que ya modernizaron sus unidades de transporte. Claro que lo tenían que hacer. Eso no debería de estar sujeto a condicionantes o negociación porque se trata de una obligación. Como que actúan igual que los funcionarios públicos que desean que les aplaudan sus acciones cuando es su responsabilidad presentar resultados.
El cálculo debe realizarse bajo otra fórmula y no con criterios y métodos que atentan contra la economía de los michoacanos; no obstante, este año será de campañas políticas y elecciones en Michoacán, estado donde los últimos años han sido complejos en todos los aspectos, razón por la que seguramente los funcionarios públicos y políticos necesitarán sumar votos, y qué mejor que adhiriendo la simpatía de grupos como los de los transportistas, sin importar, como ha acontecido en el pasado con otras administraciones estatales, la situación económica de la población. Esta ocasión deben reflexionarlo bien porque no únicamente diversos sectores de la sociedad muestran síntomas de descontento contra las autoridades y los políticos, sino por el daño que aumentos exagerados en las tarifas pueden causar a la economía de incontables familias. El aumento planteado es excesivo. El transporte público de Michoacán necesita una cirugía, a pesar de la oposición e intereses de líderes, funcionarios públicos, políticos, concesionarios y choferes. En la balanza pesa más la estabilidad de los michoacanos, pero en la práctica generalmente mandan los intereses ajenos al bien común. Esperemos que en esta ocasión no sea así.

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