De mansiones, contratistas y próximos beneficiados con las reformas estructurales

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Más allá de las explicaciones oficiales que pretenden justificar y transparentar las adquisiciones de las residencias multimillonarias del presidente Enrique Peña Nieto y de funcionarios como el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, tan empecinado en acabar con los malos hábitos de los mexicanos a través del impuesto a bebidas y productos con endulzantes, resulta escandaloso e insultante que esa clase de personajes ostenten tanto poder económico ante incontables familias que en este país coexisten en la miseria, y cuando se supone que perciben sueldos que por más altos que sean no están calculados para la compra de mansiones onerosas que implican, además, excesivos gastos de mantenimiento y servicios.
Si bien es cierto que la posesión de fincas como las del mandatario mexicano y su familia son indicativo de que atrás de tales fachadas hay cuentas millonarias para sostener una vida de magnates, es preocupante que en su caso y en el del responsable de la política fiscal de la nación exista el antecedente de contratistas favorecidos con las obras públicas de las administraciones en las que ambos personajes han tomado las decisiones en el Estado de México y a nivel federal.
Cualquiera creería que alguien puede obtener palacetes a través de años de ahorro e inversiones, herencia, prestaciones y otros argumentos, lo cual es factible si atrás hay, por ejemplo, empresas redituables y bien administradas; pero cuando en las transacciones destacan personajes favorecidos por las licitaciones públicas, aumentan las sospechas, y más si las explicaciones son lerdas, ambiguas o simplemente se refieren a que los acusados no son quienes toman decisiones en tales procesos. ¿Quién va a creer que un gobernador o un presidente de la República Mexicana no puede decidir los nombres de las personas o empresas a los que se les deben asignar las licitaciones públicas? Caray, quienes han participado en procesos de licitación, saben todo lo que implican y lo que ocurre.
Lamentablemente, tales prácticas parecen ser moda que se dicta a través de un gobierno cada vez más centralista y autoritario. Basta con visitar las entidades de México para comprobar la clase de residencias que ostentan funcionarios públicos y políticos de todos los niveles.
Con tales antecedentes, cualquier mexicano podría preguntarse con mortificación si la prisa y las presiones para que los legisladores federales aprobaran irresponsablemente las autollamadas reformas estructurales del país fueron, precisamente, con la intención de acelerar no los procesos de modernización y transformación que plantea el México de la hora contemporánea, sino las oportunidades de realizar negocios multimillonarios con los contratos. Si lo han hecho con caminos, carreteras y toda clase de obra pública, ¿por qué no materializarlo con el petróleo y otros sectores? Si los contratistas favorecidos en el pasado o actualmente con licitaciones públicas ofrecen grandes residencias, ¿qué no darán o venderán al obtener contratos relacionados con el petróleo y otros rubros?
No existe autoridad ni institución en México capaz de exigir y aplicar a los gobernantes, políticos y funcionarios públicos una auditoría y verdaderas sanciones. Habría que revisar a los magistrados, a los jueces. Todos son parte de lo mismo. Resulta vergonzoso que medios de comunicación internacionales sean los que exhiban la corrupción que se practica en la República Mexicana a gran escala.
En el caso de la sociedad mexicana, también es deplorable que amplios sectores de la sociedad continúen adormilados, con críticas de café y adulaciones en actos masivos, colocando una mejilla y la otra también, juzgando severamente a quienes aparecen con un látigo en la mano y aplaudiéndoles cuando muestran el ramo de flores que portan en la otra.
Más que las llamadas reformas estructurales que con tanta necedad defiende el Gobierno Federal, urge, primero, que se orienten al auténtico combate de la corrupción e impunidad. Los que tienen la facultad de realizar los cambios sustanciales no lo hacen porque resultarían aplastados por la élite del poder o definitivamente están involucrados en los mismos actos de deshonestidad; pero quienes sí pueden exigir y fiscalizar severamente son los millones de mexicanos que hasta ahora solamente se han dedicado a contemplar el tránsito de gobernantes, políticos y funcionarios públicos que se enriquecen versus el saqueo y empobrecimiento de México.

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