Actuaciones políticas y cifra vergonzosa en Michoacán

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Cuando los gobiernos, en cualquier parte del mundo, actúan con impunidad, corrupción e injusticia o en complicidad con quienes dañan a la sociedad, surge la interrogante sobre si deben permanecer en el poder o dimitir, independientemente de su legitimidad, porque si no funcionan ni son capaces de garantizar las condiciones mínimas para propiciar y mantener orden, desarrollo y estabilidad, sólo representan gastos onerosos para la población que contribuye con sus impuestos al presupuesto público y a mantenerlos e incluso, en algunos casos, enriquecerlos.

Si México ha perdido credibilidad y ofrece una imagen negativa ante la comunidad internacional, principalmente por la corrupción e incapacidad de gobernar por parte de no pocos funcionarios públicos y políticos, Michoacán, entidad que se localiza al centro occidente del país, es una de las zonas que registra mayores problemas y rezagos, a pesar de sus recursos naturales y minerales, de su acervo cultural e histórico y de su ubicación estratégica y privilegiada.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, el emperador Maximiliano de Habsburgo escribió en una de sus misivas: “en Morelia, la ciudad más peligrosa y políticamente más difícil del imperio, fui recibido con un entusiasmo que todavía no he visto nunca en mi vida; apenas si podía avanzar con mi caballo y cuando me apeé, la multitud casi me ahogaba. Es un pueblo inflamable y, por eso, también peligroso”; sin embargo, ese ánimo tan incendiario que ha caracterizado a los michoacanos, se ha encauzado negativamente a través de los años, al grado de que ciertos grupos han aplicado fórmulas que les ayudan a apoderarse de espacios públicos, ejercer presiones sociales, generar conflictos e influir en las decisiones oficiales para obtener prebendas.

Desde hace 13 años -casi década y media-, dentro de los mandatos gubernamentales de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, junto con el actual período estatal que tuvo como titulares del Ejecutivo a Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, y hoy a Salvador Jara Guerrero, los excesos de todo tipo se han incrementado considerablemente en perjuicio de incontables familias michoacanas de diferentes clases sociales.

Estos días, cuando el actual Gobierno de Michoacán demostró ausencia de sensibilidad social e incapacidad para escuchar las demandas de padres de familia, contempladas en las leyes y las llamadas reformas estructurales que tanto presume el presidente Enrique Peña Nieto, aunado a la falta de autoridad y energía para sancionar a los normalistas que han secuestrado autobuses y provocado caos en Morelia, uno se pregunta cuál es la función de las autoridades y si los candidatos que próximamente aparecerán en el escenario para invitar a los ciudadanos a votar por ellos, actuarán con similar irresponsabilidad en cuanto inicien sus respectivas gestiones.

Resulta aconsejable que los michoacanos hagan un paréntesis con la intención de analizar la clase de gobiernos estatales y legislaciones que han tenido de 2002 a la fecha -casi todo el lapso del siglo XXI arrojado al cesto de la basura- y la clase de políticos y funcionarios que desean, independientemente de los partidos a los que pertenezcan, para que asimilen las lecciones, recapaciten, elijan los mejores perfiles y les exijan resultados en beneficio de la colectividad.

Quizá las autoridades estatales que actualmente gobiernan Michoacán, piensan que “van de paso” y no tienen obligación de cumplir, sobre todo porque son interinas y los nombramientos les llegaron como quien obtiene el premio mayor de lotería sin comprar la serie -hay que contabilizar el número de asesores, secretarios técnicos y otros recomendados que ganan sueldos ofensivos y no sirven para nada en las dependencias públicas-; no obstante, aunque no les tocó andar en campañas políticas, tomaron protesta y juraron cumplir las leyes. Tienen la obligación de gobernar con rectitud, no de evadir responsabilidades.

Resulta lamentable que desde hace 13 años, ninguno de los gobiernos estatales que han transitado sin mayor aportación al desarrollo de Michoacán, no haya impuesto legalidad y orden en el caso de los profesores “democráticos” que causan desmanes y de los normalistas que secuestran autobuses y perjudican a la población.

De acuerdo con declaraciones recientes del líder de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Michoacán (Canapat), Arcadio Méndez Hurtado, los propietarios de líneas de autobuses en el estado han acumulado más de cinco mil denuncias penales sin respuesta desde 2012 a la fecha, precisamente por daño y secuestro de camiones por parte de estudiantes normalistas.

El también presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, refirió que de nada sirven las denuncias penales porque las autoridades no actúan conforme a sus obligaciones; además, cuando aprehendieron a diversos normalistas por incendiar autobuses, pronto fueron liberados. No hay castigo para quienes infringen las leyes.

Cualquier capitalista entiende el malestar de los propietarios de líneas de autobuses, pues se trata de inversiones millonarias y pérdidas incuantificables. Increíble, más de cinco mil denuncias penales acumuladas y sin respuesta por parte de las autoridades estatales. Ni las autoridades cumplen sus funciones ni los diputados locales legislan para regular marchas y plantones, desde luego sin coartar el derecho de expresión, y castigar con penas severas a los infractores que roban y destruyen las cosas ajenas. En cuanto al otro poder, el Judicial, parece estar formado por una casta de deidades. Realmente no hay autoridades estatales en Michoacán que sean ejemplo en el ejercicio de gobernar.

Por cierto, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en Michoacán (Canacar), Roberto Yáñez Aguilar, manifestó, también recientemente, que a las autoridades estatales les falta energía para actuar contra quienes secuestran autobuses y bloquean calles y carreteras.

Con tales acciones, propiciadas generalmente por normalistas y profesores “democráticos”, los autotransportistas de carga entregan con retraso la mercancía que transportan y son sancionados por las empresas que requieren sus servicios o definitivamente enfrentan la cancelación de los contratos.

En tanto, el líder de los Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama, ha declarado que cada plantón representa pérdidas entre 1.5 y dos millones de pesos por día, y que cuando las marchas son multitudinarias, el quebranto es mayor, con el consecuente riesgo de pérdida de empleos e inversiones, equivalente a inestabilidad social. En 2013, cerraron 150 negocios en esa zona de la ciudad; en 2014, 78; en el lapso de 2015, lo han hecho 14 negocios. La principal causa del quebranto de establecimientos de comercios y servicios en el centro histórico de Morelia, ha sido, según el dirigente empresarial, por las manifestaciones y los plantones.

Hay que recordar que en promedio se realizan 2.2 marchas diarias en Morelia, muchas de las cuales, por cierto, podrían evitarse si los funcionarios públicos asumieran su responsabilidad y se dedicaran a trabajar; otra parte, en tanto, son organizadas por grupos con intereses bien definidos, como los normalistas y maestros “democráticos”, quienes perjudican a la sociedad con sus movimientos.

Es vergonzoso que en Michoacán las autoridades no puedan o no quieran cumplir las obligaciones y responsabilidades que les marcan las leyes, por incapacidad, conveniencia, intereses o complicidad. Lo cierto es que en menos de década y media, los propietarios de líneas de autobuses han presentado poco más de cinco mil denuncias penales por secuestro y daño a las unidades, sin obtener respuesta.

Sería interesante conocer la opinión al respecto por parte de los candidatos a la gubernatura del estado de Michoacán. ¿Ofrecerán alguna solución? De ser así, ¿cumplirán sus promesas o se olvidarán de la sociedad a la que se deben para gobernar con abusos, impunidad, excesos e impunidad? ¿Qué harán los aspirantes a la legislatura local? De todos los candidatos que próximamente criticarán, pronunciarán discursos, declararán a la prensa y ofrecerán cambios sustanciales, ¿se encontrarán los que verdaderamente se comprometan con el desarrollo integral de los michoacanos?

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