¿Evaden su participación en el quebranto de negocios o no saben hacer operaciones aritméticas?

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Siempre he pensado que los gobiernos con barniz endeble de democracia y tendencias autoritarias, como el mexicano, necesitan grupos opositores que les hagan contrapeso; de lo contrario, en su afán de controlar a todos los sectores de la sociedad para mantenerse en el poder, son capaces de reprimir y cometer atrocidades.

La mexicana es una democracia entre comillas, con un esmalte tan artificial y débil que las diferencias entre los grupos adversos de poder se solucionan con represión o por medio de negociaciones oscuras. El diálogo, que sería la expresión más inteligente para dirimir problemas, no siempre es la opción ante la corrupción, los intereses ajenos a los de las mayorías y la incapacidad de las autoridades para atender las demandas colectivas, algunas lícitas y otras, al contrario, injustificables.

Así, en los escenarios callejeros lo mismo aparecen actores que, entre otras acciones, exigen la destitución de algún funcionario prepotente y corrupto o de un profesor abusivo e inepto, denuncian la tala clandestina de bosques y el saqueo de recursos naturales o minerales, se oponen a alguna reforma o medida gubernamental, ofensivamente solicitan respeto a los animales en pliegos que contienen más derechos que obligaciones, rechazan la instalación de una cantina en su colonia, reclaman obras y servicios en asentamientos irregulares, pugnan por la legalización de los terrenos que robaron como “paracaidistas”, recuerdan actos represivos como los de octubre de 1968 y junio de 1971 en los que ni siquiera habían nacido, desean ser aceptados como estudiantes de Medicina aunque hayan reprobado, pelean por el control de las rutas de transporte colectivo, marchan por la paz y participan en toda clase de manifestaciones y plantones.

Desde luego, las autoridades y los políticos, inmersos en sus intereses personales y de grupo, suelen reaccionar lentamente ante tales expresiones sociales, al grado que sus evasivas e irresponsabilidad provocan que los problemas y el descontento se generalicen. En lo que solicitan permiso a sus superiores y deciden la estrategia gubernamental que seguirán, favorecen los conflictos callejeros que duran horas en perjuicio de quienes verdaderamente estudian, trabajan e invierten. Finalmente, tras horas o días de manifestaciones que perjudican a la sociedad, los funcionarios públicos anuncian que se reunirán con una comitiva al siguiente día. En esas prácticas se han especializado gobiernos como el de Michoacán.

No pocos de tales movimientos sociales, son ficticios y manipulados por líderes corruptos e incluso por funcionarios públicos y políticos que presionan a otros grupos para obtener prebendas. Así, las luchas sociales legítimas se mezclan y confunden con las que pretenden obtener beneficios más allá de la honestidad, el orden y las leyes.

En el caso de los maestros disidentes, los que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, representan un sector que por sus dimensiones, capacidad de movilización e influencia todavía en determinados lugares de México, pueden contrarrestar, en parte, los abusos y medidas unilaterales de las autoridades y los políticos, pero también empecinarse en caprichos, intereses particulares y necesidades que generan atraso, descontento y problemas.

Si bien es cierto que muchos no compartimos sus ideales ni su estilo de vida, como tampoco sus prácticas para manifestarse porque después de todo, tras el circo que protagonizan y las molestias que causan a millones de ciudadanos, junto al deterioro de la educación en prejuicio de las actuales generaciones de niños y adolescentes, finalmente son manipulados por líderes que se benefician con las canonjías que les ofrecen los señores del poder.

Independientemente de que el magisterio tenga o no razón en sus planteamientos y demandas, es innegable que México y específicamente el estado de Michoacán, enfrentan un grave y preocupante rezago educativo, mientras los menores y sus padres atestiguan cotidianamente la bajeza con que se conducen los maestros y el desorden, caos y problemas que provocan.

Han perdido el respeto a sus alumnos, a la sociedad, a ti, a mí. Atentaron alguna vez contra un portón histórico del Palacio de Gobierno de Michoacán e impiden el libre tránsito de los morelianos, ofenden y agreden a quienes se atreven a reclamar sus actos de barbarie, se apropian de los espacios de la gente y de su tiempo -fragmentos de vida-, generan pérdida de dinero y que la ciudadanía no acuda puntualmente a los centros laborales, instituciones educativas, consultas médicas, análisis y pruebas de laboratorio, trámites hacendarios y bancarios e innumerables asuntos y compromisos.

Desde hace tiempo, tales maestros, porque también hay buenos, dejaron de ser los personajes admirados, ejemplares y queridos de colonias, comunidades y pueblos por sus actitudes de semidioses -sí, como las de los médicos-, la incongruencia entre lo que enseñan y sus conductas, el incumplimiento de su responsabilidad, el abandono de las aulas y sus resultados tan mediocres en la enseñanza, obviamente en un entorno de descomposición social y en el que innumerables padres de familia se encuentran inmersos en preocupaciones o presiones o se sienten más atraídos por las superficialidades que por la educación y formación integral de sus hijos.

Evidentemente, la crítica no contempla a los maestros que cumplen responsablemente el compromiso de formar a las nuevas generaciones, que afortunadamente todavía existen en todos los ámbitos. En cada grupo, el de los institucionales y el de los democráticos, e incluso en los colegios particulares, hay profesores buenos y malos.

La lucha magisterial presenta claroscuros y en algunos temas quizá podrían convencer a la sociedad; sin embargo, los abusos y las prebendas que obtienen sus líderes, la manipulación del gremio y el daño que causan a los menores, a la educación y a la sociedad, los reprueba totalmente. Se han ganado el rechazo colectivo.

Hace días, al leer las declaraciones del dirigente de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán -la llamada CNTE para quienes acostumbran hablar y leer con siglas-, Juan José Ortega Madrigal, llamó mi atención que evadiera la responsabilidad de su gremio y criticara los argumentos del presidente de la agrupación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama, en el sentido de que el exceso de marchas, bloqueos y manifestaciones por parte del magisterio y otros grupos ha contribuido, en gran medida, a propiciar el quebranto y cierre de no pocos establecimientos comerciales y de servicios en esa zona de la capital del estado.

Al parecer, el líder magisterial se sintió atacado y de inmediato protestó e incluso negó que su sector sea responsable del cierre de negocios en el centro histórico de Morelia. Consideró que tales señalamientos se orientan a la creación de una corriente de opinión con la finalidad de que el día que los profesores democráticos sean reprimidos por las fuerzas gubernamentales, la población lo celebre.

Descalificó las declaraciones e información de Guerrero Guadarrama, líder de los comerciantes del centro histórico de Morelia, las cuales calificó como falsas, y exhortó a ese sector empresarial a entender que las protestas magisteriales están encaminadas a mejorar la educación pública. Como suele pasar en estos casos, nadie defendió la posición del dirigente de Covechi, acaso porque prevalece desunión y discordia entre las agrupaciones de la iniciativa privada, quizá por temor a las represalias de los profesores democráticos o tal vez para que el tema quedara en el olvido.

Es verdad que la tambaleante economía de Michoacán se debe, entre otras causas, a los pésimos gobiernos estatales desde Lázaro Cárdenas Batel hasta la era de Salvador Jara Guerrero, a la creciente inseguridad que ahuyenta las inversiones productivas, a la crisis que prevalece en el territorio nacional y principalmente en la entidad, a la falta de autoridades honestas y responsables, al exceso de tarifas e impuestos caros versus inexistencia de obras y servicios de calidad, y hasta por el ferrocarril que interrumpe sin recato la productividad de los morelianos; pero los conflictos sociales -entiéndanse manifestaciones, bloqueos, plantones y marchas- repercuten en la aniquilación de los negocios establecidos en zonas como el centro histórico de Morelia, donde la gente cada día se traslada menos para evitar congestionamientos vehiculares y conflictos. Esto significa, en consecuencia, que los ingresos de las empresas del centro disminuyen considerablemente.

Los turistas interesados en recorrer destinos de origen colonial, en tanto, descartan Morelia de sus opciones de viaje y eligen, en cambio, Guanajuato, Querétaro y Puebla, entre otras ciudades, restando así ingresos económicos a hoteles, restaurantes, bares y establecimientos en general.

Al disminuir el número de consumidores y turistas en el centro histórico de Morelia, lógicamente los establecimientos comerciales y de servicios lo resienten en sus ingresos económicos. Las empresas deben pagar nóminas, prestaciones sociales, impuestos, profesionistas que lleven sus contabilidades, renta y tarifas de agua, energía eléctrica y teléfono, independientemente de que registren óptimas o pésimas ventas.

Cuando se rompe el punto de equilibrio en los negocios, el quebranto es fatal. Al no haber ingresos por ventas, falta liquidez y es imposible pagar sueldos, impuestos, renta, servicios y tarifas. Las empresas dejan de ser redituables, despiden personal y reducen sus gastos, o definitivamente quiebran y cierran por incosteables con el consecuente desempleo que representa un verdadero riesgo para la estabilidad social.

Los profesores que abandonan las aulas para dedicarse a atender asuntos gremiales, participar en marchas y bloquear el paso en avenidas y calles, bancos, centros comerciales y espacios públicos y privados, no miden, por conveniencia o ignorancia, las consecuencias negativas de sus actos para la economía de Morelia, las actividades productivas y el desarrollo de la población. Asistan o no a las aulas, cobran sus sueldos íntegros porque las autoridades estatales son tan débiles y convenencieras, que temen ser agredidas e incluso perder sus cargos.

Habría que repetirle al líder del magisterio democrático que al alterar el orden de la ciudad, la gente evita trasladarse al centro histórico de Morelia a realizar sus compras, decisiones que afectan los ingresos de los establecimientos comerciales y de servicios, desestabilizan la planta laboral y provocan pérdidas materiales y de tiempo; además, proyectan una imagen tan negativa de la ciudad, que los turistas nacionales y extranjeros cancelan sus proyectos de viajar a la capital de Michoacán. Por favor, profesores, no hay que hacer el ridículo porque si niegan una realidad tan clara, estimularán a los ciudadanos a pensar que ni siquiera tienen capacidad de hacer operaciones aritméticas en el pizarrón.

2 comentarios en “¿Evaden su participación en el quebranto de negocios o no saben hacer operaciones aritméticas?

  1. Proyecciones maniqueas, soberbia y tolerancia a la corrupción, por decir lo menos, es la constante de los falsos estadistas amparados por la infundada democracia de racional independencia…..

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