¿Realidades o rumores sobre cambios en el sistema nacional de salud?

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Una característica de la actual administración federal es, precisamente, no actuar ni ofrecer respuestas oportunas, al grado de que el malestar social se desborda hasta acentuar los problemas locales y nacionales.

En el lapso de los últimos días, se han incrementado el número de comentarios y críticas en las redes sociales sobre la inminente privatización de los servicios públicos de salud, rumores que inquietan a amplios sectores de la sociedad mexicana, principalmente a aquellos que carecen de recursos económicos para solventar tratamientos y cirugías.

Nadie desconoce que los servicios de medicina general en el Seguro Social y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son deficientes y no pocas ocasiones inhumanos.

Médicos déspotas, mediocres o mercenarios que en consultorios privados ofrecen otra clase de atención, tratan a los derechohabientes como mexicanos de tercera categoría, aunado frecuentemente a la burocracia de los empleados y al mal humor de las enfermeras. Parece que los pacientes y sus familiares acuden a los consultorios a mendingar atención e incluso explicaciones porque ellos, los doctores, los hombres de las batas blancas, elaboran las recetas antes de que los enfermos concluyan las explicaciones de sus padecimientos. Por fortuna, y es justo aclararlo, también hay gente muy valiosa en ese sector.

Si las críticas y expresiones de descontento en las redes sociales son simples rumores, las autoridades federales deben desmentirlos; si en verdad pretenden efectuar cambios estructurales en el sistema nacional de salud, también es su obligación aclararlo. Resulta irresponsable permitir que la preocupación aumente entre los sectores vulnerables de la población.

Las cuotas que aportan los patrones y trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social son bastante elevadas como para que ellos, los derechohabientes, reciban malos tratos, atención sin calidad y a veces hasta consecuencias funestas por los errores cometidos; sin embargo, si los beneficiarios ya no tendrán derecho a tratamientos como diálisis y operaciones, la irritación colectiva aumentará considerablemente contra el de por sí tan criticado gobierno peñista.

Existen dudas e inquietudes. Habría que preguntar, si las cuotas significan cantidades millonarias al año, ¿dónde se encuentran esos recursos? Nuevamente se trata, parece, de ineficiencia o de actos de corrupción acumulados durante años.

Hace tiempo, al accidentarme un pie durante una de mis correrías reporteriles, acudí a la sala de urgencias del Seguro Social, donde tuve que esperar bastante tiempo a que me atendieran; sin embargo, entre los dolores y la presencia de enfermos y heridos de gravedad, miré desde la camilla a un médico de edad madura que escondía entre su ropa, bajo la bata, material de curación. Si el hombre hurtaba algo tan insignificante, me preguntó las acciones que otros llevarán a cabo en áreas donde se manejan recursos millonarios.

Evidentemente, la mayoría de los derechohabientes saben que la escasez de medicamentos y vacunas son parte de la cotidianeidad en clínicas del sector público. Las autoridades están descuidando un área estratégica e importante para la sociedad mexicana, como lo han hecho con temas relacionados con la educación, el empleo y la seguridad.

Todo parece indicar, por las noticias, que los legisladores federales citarán a los responsables de la salud en México con la intención de que hablen sobre el sector y aclaren si las versiones expuestas en las redes sociales tienen sustento o si se trata de rumores.

De dedicarse esas instituciones a otorgar atención básica de salud, la de México será la atención médica más cara, de modo que resultará menos oneroso acudir a los consultorios anexos a las farmacias de productos similares. Las cuotas que se pagan a esas instituciones de salud pública comparadas con los servicios que otorgan a la población, resultan insultantes; aunque claro, las autoridades parecen más comprometidas con la comunidad internacional. Son proclives a viajar por todo el mundo y rodearse de lujos con los recursos públicos, en vez de atender los problemas que diariamente afectan a millones de mexicanos.

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