Los que demandan apoyo y comprensión por medio de bloqueos y desmanes y los que estudian y trabajan

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Las dos jóvenes asomaron por la ventanilla del automóvil, extendieron las manos con la alcancía y solicitaron apoyo económico para surtir la despensa de la cocina escolar. Sus compañeros, hombres y mujeres, hacían lo mismo con otros automovilistas, a quienes impedían el paso en la carretera Morelia-Pátzcuaro.

Algunos viajeros discutían y otros, en cambio, hacían a un lado el coraje y depositaban monedas en las alcancías de los normalistas. Uno sabe, por las noticias, que si alega con esas personas, son capaces de agredir, e incluso robar e incendiar los vehículos, porque ante autoridades débiles e incompetentes y leyes absurdas, cada infractor paga 38 pesos -poco más de la mitad de un día de salario mínimo – para obtener su libertad en caso de ser aprehendido por trifulcas en los espacios públicos.

Desde hace aproximadamente 13 años, los dueños de autobuses han presentado más de cinco mil denuncias en Michoacán contra esa clase de grupos, sin respuesta satisfactoria por parte de las autoridades estatales. Si empresas consolidadas, con poder económico, no han conseguido que el Gobierno de Michoacán castigue a los normalistas y otros grupos que han causado daño a las cosas, menos lo lograrán los automovilistas que resulten agredidos por oponerse a dar dinero a quienes se apropian de las calles y carreteras. Así que la supuesta cooperación casi fue forzosa.

Mientras viajaba a Pátzcuaro, uno de los pueblos más bellos y pintorescos de México, reflexioné acerca del cinismo de quienes obstaculizan el paso en una carretera para pedir dinero. Argumentan ser pobres y tener necesidades económicas para solventar sus estudios, si es que acaso se dedican a los asuntos académicos; pero obtienen dinero de la gente que trabaja y debe solventar, como ellos, gastos alimenticios, medicamentos, transportación y vivienda, entre otros.

Recordé, entonces, que hace tiempo, cuando era adolescente y cursaba segundo año de secundaria, mis padres consintieron que laborara la última quincena de diciembre como promotor de una firma de sidra y vinos -anís, licores y moscatel, entre otros productos- en una cadena comercial. También lo hice el siguiente diciembre, cuando estudiaba tercer año de secundaria. La empresa contrataba adolescentes y jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria, a quienes tras una mañana de capacitación intensa, asignaba a diferentes tiendas comerciales de entonces: Aurrerá y Superama, Blanco, Comercial Mexicana, De Todo y Gigante, por citar algunas.

Éramos hijos de familia. El dueño, español, era un hombre que cumplía sus ofrecimientos. La contratación, por 15 días, contemplaba prestaciones sociales. Pronto simpaticé con él y quizá por mi formalidad, enmarcada con cabello corto, camisa blanca, saco, corbata y zapatos limpios, me envió a una de las tiendas de mayor prestigio, pero también donde la responsabilidad era mayor.

Así, en la aurora de mi existencia, en la primavera de mis días, obtuve mi primer empleo. Mis padres me dieron la oportunidad de probar, en ambos casos, la experiencia de trabajar durante vacaciones de diciembre. La primera vez, el gerente de la tienda, también español, a quien los empleados temían por su carácter irascible, me recibió como un hijo o un alumno y si bien era estricto, siempre con un puro en la boca, me dio consejos sobre negocios y la vida.

Cuando ingresé a la preparatoria, tuve oportunidad de trabajar durante el horario matutino en la oficina de una industria hulera, establecida en la Ciudad de México. Despertaba muy temprano para entrenar atletismo y me apuraba con la intención de llegar a la oficina a las nueve de la mañana. Salía de laborar a las dos de la tarde, comía y me dirigía a la escuela.

En la empresa aprendí tareas relacionadas con facturación, archivo, caja y hasta trámites en instituciones bancarias y gubernamentales. Fue otra escuela. Cumplí con las tareas académicas y laborales, sin descuidar el arte -literatura y pintura-, la correspondencia con amistades en distintas partes del mundo, los entrenamientos de atletismo y karate, la convivencia y los paseos familiares, las diversiones y otros estudios especiales que realizaba. Y no había computadoras ni internet, ni tampoco teléfonos celulares.

Supe el significado de ganar dinero y valorar cada peso. No niego que hubo momentos en que experimenté presiones fuertes cuando había exámenes o se acentuaba el trabajo en la hulera; no obstante, aprendí a enfrentar retos, trazar metas y conquistar lo que me impuse.

En la época universitaria, seguí trabajando. De la industria hulera fui a la parte oficial, a las dependencias públicas. La vida es, parece, una rueda que gira incesante, una embarcación que navega y anda en un puerto y en otro, de modo que desde entonces he vivido capítulos intensos y con grandes claroscuros.

Como yo, mucha gente ha combinado el estudio con el trabajo y se ha forjado. Hombres y mujeres lo hacen y cada día dan lo mejor de sí con la intención de superarse. Madres solteras, jóvenes honestos e interesados en progresar, personas que se proponen luchar para desterrar las sombras de la pobreza, muchachos que pierden a sus padres, trabajan diariamente, se esfuerzan, se sacrifican.

No es justo, en consecuencia, que hombres y mujeres jóvenes, amparados en supuestas necesidades económicas, se dediquen a delinquir, a vivir de los demás como parásitos. Hay una gran diferencia entre quienes se agrupan con la intención de obstaculizar el paso de la gente, pintarrajear fachadas, exigir derechos sin cumplir obligaciones y responsabilidades, demandar apoyo y comprensión destruyendo cosas ajenas, secuestrando autobuses y saqueando tiendas, y aquellos que anhelan desarrollarse y muchas veces sacrifican comodidades y diversiones con la intención de estudiar y trabajar con el objetivo de alcanzar sus aspiraciones.

Cuando deposité la moneda en la alcancía de los normalistas, lo hice para evitar conflictos y transitar libremente hacia Pátzcuaro. Pensé que si tuviéramos autoridades comprometidas con las leyes, el orden y la sociedad, no habría necesidad de enfrentar situaciones incómodas con grupos que alteran el desarrollo y la paz. No es lo mismo, definitivamente, el joven que quebranta leyes y lastima a los demás, que aquel que tiene verdaderos deseos de progresar, y hasta combina el estudio con el trabajo, por difícil que resulte.

Actuaciones políticas y cifra vergonzosa en Michoacán

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Cuando los gobiernos, en cualquier parte del mundo, actúan con impunidad, corrupción e injusticia o en complicidad con quienes dañan a la sociedad, surge la interrogante sobre si deben permanecer en el poder o dimitir, independientemente de su legitimidad, porque si no funcionan ni son capaces de garantizar las condiciones mínimas para propiciar y mantener orden, desarrollo y estabilidad, sólo representan gastos onerosos para la población que contribuye con sus impuestos al presupuesto público y a mantenerlos e incluso, en algunos casos, enriquecerlos.

Si México ha perdido credibilidad y ofrece una imagen negativa ante la comunidad internacional, principalmente por la corrupción e incapacidad de gobernar por parte de no pocos funcionarios públicos y políticos, Michoacán, entidad que se localiza al centro occidente del país, es una de las zonas que registra mayores problemas y rezagos, a pesar de sus recursos naturales y minerales, de su acervo cultural e histórico y de su ubicación estratégica y privilegiada.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, el emperador Maximiliano de Habsburgo escribió en una de sus misivas: “en Morelia, la ciudad más peligrosa y políticamente más difícil del imperio, fui recibido con un entusiasmo que todavía no he visto nunca en mi vida; apenas si podía avanzar con mi caballo y cuando me apeé, la multitud casi me ahogaba. Es un pueblo inflamable y, por eso, también peligroso”; sin embargo, ese ánimo tan incendiario que ha caracterizado a los michoacanos, se ha encauzado negativamente a través de los años, al grado de que ciertos grupos han aplicado fórmulas que les ayudan a apoderarse de espacios públicos, ejercer presiones sociales, generar conflictos e influir en las decisiones oficiales para obtener prebendas.

Desde hace 13 años -casi década y media-, dentro de los mandatos gubernamentales de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, junto con el actual período estatal que tuvo como titulares del Ejecutivo a Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, y hoy a Salvador Jara Guerrero, los excesos de todo tipo se han incrementado considerablemente en perjuicio de incontables familias michoacanas de diferentes clases sociales.

Estos días, cuando el actual Gobierno de Michoacán demostró ausencia de sensibilidad social e incapacidad para escuchar las demandas de padres de familia, contempladas en las leyes y las llamadas reformas estructurales que tanto presume el presidente Enrique Peña Nieto, aunado a la falta de autoridad y energía para sancionar a los normalistas que han secuestrado autobuses y provocado caos en Morelia, uno se pregunta cuál es la función de las autoridades y si los candidatos que próximamente aparecerán en el escenario para invitar a los ciudadanos a votar por ellos, actuarán con similar irresponsabilidad en cuanto inicien sus respectivas gestiones.

Resulta aconsejable que los michoacanos hagan un paréntesis con la intención de analizar la clase de gobiernos estatales y legislaciones que han tenido de 2002 a la fecha -casi todo el lapso del siglo XXI arrojado al cesto de la basura- y la clase de políticos y funcionarios que desean, independientemente de los partidos a los que pertenezcan, para que asimilen las lecciones, recapaciten, elijan los mejores perfiles y les exijan resultados en beneficio de la colectividad.

Quizá las autoridades estatales que actualmente gobiernan Michoacán, piensan que “van de paso” y no tienen obligación de cumplir, sobre todo porque son interinas y los nombramientos les llegaron como quien obtiene el premio mayor de lotería sin comprar la serie -hay que contabilizar el número de asesores, secretarios técnicos y otros recomendados que ganan sueldos ofensivos y no sirven para nada en las dependencias públicas-; no obstante, aunque no les tocó andar en campañas políticas, tomaron protesta y juraron cumplir las leyes. Tienen la obligación de gobernar con rectitud, no de evadir responsabilidades.

Resulta lamentable que desde hace 13 años, ninguno de los gobiernos estatales que han transitado sin mayor aportación al desarrollo de Michoacán, no haya impuesto legalidad y orden en el caso de los profesores “democráticos” que causan desmanes y de los normalistas que secuestran autobuses y perjudican a la población.

De acuerdo con declaraciones recientes del líder de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Michoacán (Canapat), Arcadio Méndez Hurtado, los propietarios de líneas de autobuses en el estado han acumulado más de cinco mil denuncias penales sin respuesta desde 2012 a la fecha, precisamente por daño y secuestro de camiones por parte de estudiantes normalistas.

El también presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, refirió que de nada sirven las denuncias penales porque las autoridades no actúan conforme a sus obligaciones; además, cuando aprehendieron a diversos normalistas por incendiar autobuses, pronto fueron liberados. No hay castigo para quienes infringen las leyes.

Cualquier capitalista entiende el malestar de los propietarios de líneas de autobuses, pues se trata de inversiones millonarias y pérdidas incuantificables. Increíble, más de cinco mil denuncias penales acumuladas y sin respuesta por parte de las autoridades estatales. Ni las autoridades cumplen sus funciones ni los diputados locales legislan para regular marchas y plantones, desde luego sin coartar el derecho de expresión, y castigar con penas severas a los infractores que roban y destruyen las cosas ajenas. En cuanto al otro poder, el Judicial, parece estar formado por una casta de deidades. Realmente no hay autoridades estatales en Michoacán que sean ejemplo en el ejercicio de gobernar.

Por cierto, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en Michoacán (Canacar), Roberto Yáñez Aguilar, manifestó, también recientemente, que a las autoridades estatales les falta energía para actuar contra quienes secuestran autobuses y bloquean calles y carreteras.

Con tales acciones, propiciadas generalmente por normalistas y profesores “democráticos”, los autotransportistas de carga entregan con retraso la mercancía que transportan y son sancionados por las empresas que requieren sus servicios o definitivamente enfrentan la cancelación de los contratos.

En tanto, el líder de los Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama, ha declarado que cada plantón representa pérdidas entre 1.5 y dos millones de pesos por día, y que cuando las marchas son multitudinarias, el quebranto es mayor, con el consecuente riesgo de pérdida de empleos e inversiones, equivalente a inestabilidad social. En 2013, cerraron 150 negocios en esa zona de la ciudad; en 2014, 78; en el lapso de 2015, lo han hecho 14 negocios. La principal causa del quebranto de establecimientos de comercios y servicios en el centro histórico de Morelia, ha sido, según el dirigente empresarial, por las manifestaciones y los plantones.

Hay que recordar que en promedio se realizan 2.2 marchas diarias en Morelia, muchas de las cuales, por cierto, podrían evitarse si los funcionarios públicos asumieran su responsabilidad y se dedicaran a trabajar; otra parte, en tanto, son organizadas por grupos con intereses bien definidos, como los normalistas y maestros “democráticos”, quienes perjudican a la sociedad con sus movimientos.

Es vergonzoso que en Michoacán las autoridades no puedan o no quieran cumplir las obligaciones y responsabilidades que les marcan las leyes, por incapacidad, conveniencia, intereses o complicidad. Lo cierto es que en menos de década y media, los propietarios de líneas de autobuses han presentado poco más de cinco mil denuncias penales por secuestro y daño a las unidades, sin obtener respuesta.

Sería interesante conocer la opinión al respecto por parte de los candidatos a la gubernatura del estado de Michoacán. ¿Ofrecerán alguna solución? De ser así, ¿cumplirán sus promesas o se olvidarán de la sociedad a la que se deben para gobernar con abusos, impunidad, excesos e impunidad? ¿Qué harán los aspirantes a la legislatura local? De todos los candidatos que próximamente criticarán, pronunciarán discursos, declararán a la prensa y ofrecerán cambios sustanciales, ¿se encontrarán los que verdaderamente se comprometan con el desarrollo integral de los michoacanos?