No es lo mismo

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Definitivamente no es lo mismo. Hay clases sociales con diferencias muy marcadas, aunque algunos se empeñen en insistir que México ya no es, como en la Colonia y otros períodos, un país de castas. Todo depende de los rasgos, el color de piel, los apellidos, las relaciones con los grupos de poder y hasta el ambiente en que coexiste cada persona.

Cuando observaba con dolor e impotencia las imágenes de los pequeños de Ostula, en la costa de Michoacán, por el asesinato de los menores Heriberto Reyes García y Neymi Natalí Pineda Reyes, presuntamente cometidos por fuerzas armadas, y leía los textos de los carteles que portaban -“¿Cuál fue el delito de Hidilberto?” (sic), “Alto al fuego”, “No disparen, somos niños”, “El pueblo no mata al pueblo” y “Queremos que nos cuiden, no que nos maten”, entre otros-, apareció ante mi mirada una nota publicada en el portal de Carmen Aristegui, cuyo título, “Pemex contrata a sobrina inexperta de Peña Nieto”, estimuló mi disgusto, como indudablemente reaccionaría cualquier lector.

Resulta que una joven de 25 años de edad, llamada Fernanda Said Pretelini, hija de la única hermana de Mónica Pretelini, primera esposa del hoy presidente Enrique Peña Nieto, todavía no cumplía un año de egresada como licenciada en Mercadotecnia, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) la contrató con el nivel de subgerente, sin experiencia dentro o fuera del gobierno en labores de Comunicación y con percepciones de aproximadamente 59 mil pesos mensuales, quien a los dos meses de su ingreso a la paraestatal recibió un préstamo de 80 mil 800 pesos y permaneció en Nueva York dos días extras, con recursos públicos, después de asistir a una gira de trabajo.

Ofensivo, es cierto, en un país donde coexisten millones de personas en la miseria y en el que el salario mínimo apenas es de 70 pesos diarios para quienes mejor les va dentro de ese rango, equivalentes a 10 pasajes de transporte público en ciudades medias como Morelia, la capital de Michoacán.

Cuando uno se entera de privilegios como los de la sobrina del mandatario nacional, funcionaria de confianza en Pemex, acuden a la memoria las reformas estructurales -la energética, verbigracia-, e inevitablemente surgen preguntas relacionadas con las tentaciones de enriquecimiento y beneficio personal que han de presentarse cuando se controlan y manejan cantidades millonarias de recursos públicos.

Uno mira a personajes como Fernanda Said Pretelini, quienes con o sin ellos las dependencias públicas y los órganos descentralizados funcionarían igual. En este país, México, los recursos públicos benefician a gran cantidad de hombres y mujeres recomendados por los dueños del poder, por quienes toman las decisiones nacionales, realidad muy lejana a los discursos referentes a austeridad y transparencia.

Y mientras esa clase de personajes disfrutan beneficios y se sitúan en niveles económicos superiores con el dinero que los mexicanos aportan a través de sus impuestos, contrasta la cifra de niños asesinados, como los de Ostula, con motivo de una estrategia criticable y deficiente contra la inseguridad.

Los crímenes contra los pequeños de seis y 12 años de edad, en Ostula, se agregan a las cifras de la Red por Derechos de la Infancia, cuyo informe señala que de diciembre de 2006 al mismo mes de 2014, han fallecido mil 796 menores de cero a 17 años de edad como consecuencia del llamado combate a la delincuencia organizada.

Según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, en materia de asesinatos de menores, México comparte espacios similares a los de Mozambique y registra mayor cantidad que los que se cometen en Congo, Irak, Somalia y Tanzania, entre otras naciones. Sí, en esos niveles se encuentran los mexicanos.

Es vergonzoso lo que está ocurriendo en México, y más cuando parece que dentro del mismo país existe una realidad para los influyentes, los que disfrutan todos los beneficios dentro del poder económico y político, y los desposeídos, los que en cualquier momento pueden morir asesinados, como ocurrió con Heriberto Reyes García y Neymi Natalí Pineda Reyes, de 12 y seis años, respectivamente, a quienes en una lucha sin sentido que ni siquiera presenta resultados favorables para los mexicanos, cortaron sus juegos e ilusiones, arrancaron la oportunidad de probarse como seres humanos y vivir lo que les correspondía, y en eso, me parece, todos somos responsables.

El ejército mexicano, su conducta e imagen

Santiago Galicia Rojon Serrallonga

Tras el bullicio cotidiano, inesperadamente prevaleció la calma, un silencio de muerte y terror al que sobrevinieron gritos, disparos y ruido de motores. Las calles y los cristales de las tiendas vibraron ante la cercanía de tanques y camiones blindados. Los estudiantes corrían para no ser alcanzados por la artillería militar.

Los transeúntes, al descubrir la proximidad de estudiantes universitarios y militares, corrieron a los establecimientos comerciales que aún permanecían abiertos con la intención de refugiarse y salvar sus vidas. Entre advertencias y gritos, los empresarios bajaron las cortinas de sus negocios, desde donde la gente, aglomerada, escuchó lo que otros, la minoría, presenciaron durante la matanza estudiantil.

Una joven universitaria colocó las manos sobre su cintura y con pose retadora miró el tanque que transitaba imperturbable hacia ella y sus compañeros, hasta que la aplastó y los hombres que caminaban atrás, uniformados e inexpresivos, utilizaron palas para recoger los despojos femeninos y arrojarlos al camión donde yacían otros cadáveres. El espectáculo resultaba aterrador.

Eran los días de la matanza estudiantil, protagonizada por soldados capacitados para asesinar, obedecer órdenes, reprimir y no experimentar sentimientos nobles y menos remordimientos. Tras las acciones estaba, casi omnipresente, el rostro de Luis Echeverría Álvarez, sí, el demagogo de las guayaberas, rodeado de todos los personajes siniestros del sistema político mexicano.

Mi padre presenció los crímenes que se registraron, aquel día de 1968, en calles como 5 de Mayo y Francisco I. Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde los estudiantes que morían eran tirados en camiones en los que había otros hombres que remataban a los heridos y esculcaban sus pertenencias.

Él, mi padre, lo miró y no fue mentiroso, como tampoco lo era, y hoy me atrevo a expresarlo por la confianza que me tuvo y por pronosticar que algún día tendría que decirlo, el médico que atendió y operó en aquella época al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Amigo de mi abuelo materno, lo visité hace años en su consultorio de la colonia Roma, en la Ciudad de México, y antes de marcharme, después de una conversación amena, me detuvo, miró mi rostro y explicó que tal vez un día tendría que recordar un hecho que a él le constaba por haber sido el cirujano del presidente Gustavo Díaz Ordaz, como lo fue también de Mario Moreno “Cantinflas” y otros personajes públicos, referente a que quien dio la orden del crimen de Estado contra los estudiantes, fue Luis Echeverría Álvarez, que más tarde se convertiría en mandatario nacional y demostraría nuevamente, en 1971, su ferocidad con quienes consideró sus enemigos.

Quienes conocieron, en esa época, la facilidad del ejército mexicano para matar a la población, a los estudiantes y a algunos inocentes que se atravesaron en el camino, entendieron la capacidad represora que tiene para sí el sistema político mexicano cuando pretende controlar a cualquier sector de la sociedad que considera su enemigo.

Hace años, cuando en el territorio nacional prevalecía un ambiente de aparente tranquilidad social, incontables familias asistían tradicionalmente a los desfiles del 16 de septiembre en la Ciudad de México y en las principales poblaciones del país, donde admiraban el paso airoso de los militares, a quienes aplaudían porque el ejército todavía era una institución respetable, o al menos eso decían los libros y los maestros en las aulas.

No obstante, la descomposición, por no llamarle putrefacción, que se registra desde hace años en las familias, en las instituciones públicas y privadas y en todos los sectores de la sociedad, también parecen haber intoxicado al ejército, cuyas arbitrariedades han sido denunciadas una y otra vez, aquí y allá, en diferentes regiones del país.

Fatuo sería engañarse y manifestar que los militares han combatido a los delincuentes, cuando la mayoría de los mexicanos saben que los índices de inseguridad aumentan cada día en perjuicio de toda la sociedad. O están perdiendo la guerra o son cómplices. No solamente han dejado de presentar resultados satisfactorios, sino se han multiplicado las quejas en su contra.

Últimamente, aquí y allá, en diferentes poblaciones de la República Mexicana, la gente se queja de los crímenes, abusos y violaciones cometidos por soldados, acusaciones que generan respuestas tardías y poco o nada convincentes por parte de las autoridades o que contribuyen a acentuar las sospechas en su contra.

A pesar de las declaraciones de las autoridades federales, más interesadas en su imagen y en quedar bien con la comunidad internacional, la nación mexicana se está resquebrajando. Todo se encuentra fuera de control. Las reacciones gubernamentales sólo indican mayores dosis de autoritarismo, pero carecen de estrategia e inteligencia. No hay interés en gobernar a México, parece, sino en arruinarlo para justificar las tentaciones de la represión y el totalitarismo.

No es lógico lo que está aconteciendo en México. A las múltiples denuncias contra los militares, hace días se sumó una que ha impactado a la comunidad mexicana e internacional, y es la relacionada con el presunto ataque de las fuerzas armadas a un grupo de manifestantes en Ostula, quienes aparentemente protestaban por la detención de Semeí Verdía Zepeda, comandante de la policía nahua de Aquila, en la costa de Michoacán. Durante el hecho, se registró la muerte del menor Heriberto Reyes García y hubo algunos heridos entre la población civil. Alguien disparó. Los militares aseguran que no fueron ellos, pero el pueblo nahua, enardecido, los acusa.

A nadie convencen los argumentos de las autoridades, principalmente porque sus respuestas son ambiguas, contradictorias, incompletas y tardías. Sin duda, todos los mexicanos les reconocerían que hablaran con la verdad, admitieran sus errores y establecieran el compromiso de corregirlos para enfrentar los problemas nacionales. Contarían con el apoyo mayoritario.

Cuando uno mira a los soldados, en los actos cívicos, rendir honores a la bandera, al lábaro patrio, quisiera no imaginar que son capaces de reprimir por la fuerza de las armas a la población, sin importar que sean niños, ancianos, mujeres y hombres inocentes.

Los retos de la hora contemporánea plantean la existencia y actuación de un ejército a la altura de las circunstancias, transparente, confiable, respetuoso de la gente y capaz de ofrecer resultados. La mayoría, en México, rechaza a los soldados que con una mano portan el estandarte nacional y en la otra, en tanto, sostienen el fusil represor. El ejército necesita recobrar su imagen y la confianza de los mexicanos, pero con hechos, no con declaraciones contrarias a lo que vive la población.